Por José Ballesteros Olaya- Comunicador Social periodista
En los últimos años se ha incrementado el número de problemas de convivencia o casos de robo a conjuntos de propiedad horizontal en Bogotá, acciones que se presentan en las diferentes modalidades tanto en el manejo de dineros que ingresan por concepto de pago de cuotas de administración,
que se deben invertir en obras y pagos de obligaciones con los proveedores, que lamentablemente no se realiza de manera honesta incurriendo en delitos de desfalco asimismo esto ha generado comportamientos de los mismos viviendistas, que conllevan a la desconfianza, violación de las normas de conviviencia y a la cultura —del no pago—, lo que conlleva a que muchos de los habitantes de los apartamentos violen hasta las normas de propiedad horizontal como el fumar dentro de la propiedad horizontal, hábitos que la ley prohíbe.
Por ello, hacemos un llamado a los fumadores para que respeten las disposiciones de la Ley Antitabaco, evitando fumar en espacios cerrados, zonas comunes o lugares donde pueda afectar a terceros. Su colaboración es fundamental para proteger la salud de todos y garantizar una convivencia respetuosa.
En el marco de la Ley 1335 de 2009, conocida como la Ley Antitabaco, y en respeto al Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, queremos dirigirnos a ustedes con el propósito de fomentar una convivencia armónica y saludable para todos.
La Ley 1335 de 2009 tiene como objetivo proteger la salud pública, especialmente la de los menores de edad y la población no fumadora, regulando el consumo de tabaco en espacios públicos y promoviendo entornos 100% libres de humo. Esta normativa busca garantizar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano, sin perjuicio de las libertades individuales.
Reconocemos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad permite a cada individuo tomar decisiones autónomas sobre su estilo de vida, incluyendo el consumo de tabaco. Sin embargo, este derecho debe ejercerse en equilibrio con los derechos de los demás y el orden jurídico, tal como lo establece nuestra Constitución.