NI EN COLOMBIA NI EN LA OEA/CIDH, LAS VÍCTIMAS DEL «CONFLICTO COLOMBIANO» HAN PODIDO MATERIALIZAR LA TAN ANHELADA PAZ POR CUANTO NO SE HAN CUMPLIDO LOS PRESUPUESTOS DE; VERDAD, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN
Por: Jose William Pachón – Abogado consultor en Derecho Internacional Humanitario.
Después de un largo viacrucis jurídico en Colombia, las víctimas del conflicto Armado colombiano, desesperanzadas al agotar la vía gubernativa en Colombia. Ante la Unidad de Reparación Integral a las Víctimas, ante los jueces de la República en tutela de sus derechos fundamentales, ante los organismos de control, ante la Fiscalía General de la Nación en donde se han denunciado en materia penal a líderes inescrupulosos de las víctimas, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ante el embajador de Colombia en Washington. ante el embajador permanente de Colombia ante la OEA y ante el jefe máximo de la administración ,Presidente de la República y sin obtener resolución, es decir, se les viene denegando justicia en su propia patria al no poder materializar sus derechos fundamentales y por lo tanto cansados de derechos de petición, recursos de apelación, revocatorias directas y tutelas, optaron por acudir ante la OEA/Comisión Interamericana de derechos humanos “ CIDH”, con el propósito de que si no se pudo en Colombia a nivel internacional si se logrará el restablecimiento de sus derechos fundamentales para obtener la tan anhelada paz que requerimos los colombianos y estatuida por la Constitución de 1991, artículo 22 como derecho Constitucional fundamental; paz la cual exige unos elementos fundamentales para su logro: Verdad, Reparación y Garantía de no repetición pero que sin justificación alguna se viene birlando en forma inexplicable por los propios gobiernos, el congreso y demás autoridades competentes Colombianas con la complacencia de aquellos VICTIMARIOS que hoy ostentan la condición de congresistas y un alto número de ellos continúan en la ilegalidad y se han hecho conocidos ahora en el argot popular como “DISIDENTES”.
Igualmente, ante excusas administrativas de: “ falta de presupuesto y estudio de priorizaciones”, es urgente, oportuno y conveniente la reestructuración de la Unidad de Atención y Reparación integral a las Víctimas por cuanto el presupuesto que debería destinarse para que la víctima, sobre del hecho victimizante de desplazamiento forzado, retornara al lugar de origen de donde nunca debió ser desplazado y con garantías de la satisfacción de sus necesidades básicas a través de verdaderos proyectos productivos pero no, el presupuesto destinado para tal fin, termina finalmente en burocracia, dependencias físicas y otros gastos administrativos, dineros que deberían destinarse para la atención y satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de las verdaderas víctimas de carne y hueso de Colombia y que de acuerdo con las estadísticas actuales y oficiales, ascienden a NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL NUCLEOS, o sea el equivalente al sesenta por ciento de la población del país.(estimativo mínimo de 3 personas por núcleo familiar).
Asimismo, qué no decir de los famosos estudios de priorización, los cuales pareciera que obedecieran más a otros factores y no a verdaderos estudios objetivos de la realidad socioeconómica de la víctima. Estos”famosos estudios de priorización” que sirven de fundamento a la Unidad de Victimas para mediante formatos impresos dirigidos a la VICTIMA, no cambian sino el nombre del destinatario pero en nada son un reflejo objetivo de la situación socio económica del nucleo familiar victimizado.
Por otra parte, el querer del legislador de la Ley 1448 de 2011, ha quedado en letra muerta, pues al establecer la indemnización integral por vía administrativa en la mayoría de los casos su cobertura es mínima dado el alto número de desplazados y por otra parte, es elevado el índice que llega a supuestas víctimas que en forma fraudulenta han obtenido el RUV, dejando sin posibilidades y esperanzas a las verdaderas víctimas, con el aval por acción u omisión administrativa de la Unidad de Atención Reparación Integral a las víctimas y que no decir de la posible corrupción administrativa de la entidad sobre todo en el Gobierno anterior.
Hoy, las víctimas del conflicto armado colombiano tienen una desesperanza aún mayor debido a que ilusionados recurrieron a la justicia internacional, “CIDH”, para exigir el cumplimiento del Estado colombiano, en su obligación de preservar la vida y honra de sus ciudadanos y consagrado por la Constitución Política de 1991 en su artículo 2°, sin embargo, la CDIH conformada por sus 34 países Signatarios, entre ellos Colombia, en forma grosera y aberrante después de decidir y notificar a los desplazados que la demanda impetrada por las victimas ante la OEA después de 7 años de radicada había culminado “exitosamente” , en forma sorprendente en plena Pandemia deciden notificar a las víctimas que la demanda que ellos instruyeron inicialmente con calificación de exitosa, ahora, les resulta ambigua e inocua, mientras que los delegados de la C.I.D.H, en visita reciente a Colombia en forma olímpica y deportiva califican a los Colombianos indirectamente de formar parte de un Estado y sus instituciones violatorios de los derechos humanos , mientras que las verdaderas víctimas reclaman sin resolución Nacional o Internacional y los VICTIMARIOS apalancados por dicha visita continúan a sus anchas causando daño a los bienes públicos y saqueos a diestra y siniestra. Hay pobreza? Hay desempleo?. Por supuesto, que es una realidad que la sociedad Colombiana padece los males de la corrupción, la inoperancia de la justicia y muchos otros factores que impiden la dignificación del ciudadano pero el ciudadano honesto y trabajador en Colombia en última instancia debe asumir los costos de la inflación de la canasta básica familiar y todo por unas veces el desfigurado derecho a la protesta y otras veces, la mayoría de los casos, por CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA.
Por las razones expuestas, la interpretación del sentir del vulnerable y la objeción por inconveniencia social a la ley que dio origen a la creación de la JEP y que hiciera recientemente el Ejecutivo con el agravante de la invisibilización de las víctimas en Colombia ya que no han tenido el apoyo suficiente estatal y por el contrario “LOS VICTIMARIOS”, quienes sí cuentan con fuero, y otros optaron por continuar en la ilegalidad, las victimas guardan la Fe que antes de terminar el presente mandato y mediante arreglo amistoso, etapa procesal respectiva en la demanda Internacional presentada con ocasión del conflicto y a favor de los vulnerables ante la OEA/CIDH, las personas que han sido desarraigadas de su entorno familiar y social, logren una indemnización por tal concepto y de esta manera los colombianos podamos disfrutar de la tan anhelada paz que nos merecemos y así satisfacer sus derechos fundamentales básicos con verdad real, reparación y lo más importante que puedan regresar a sus terruños con la confianza que las causas que dieron origen a su desplazamiento no volverán a repetirse.
Finalmente, en vista de que las victimas del desplazamiento forzado en Colombia y que de acuerdo con las estadísticas oficiales, ascienden a nueve millones de nucleos familiares victimizados, es decir, el equivalente al treinta(30%) de la población actual, continúan engrosando exorbitantemente la pobreza, sin esperanzas ciertas de la reivindicación de sus derechos fundamentales tanto en Colombia como ante la OEA, en consecuencia se requiere urgentemente de la creación del MINISTERIO DEL DESPLAZADO, para que se logre por fin la atención básica y fundamental que requiera el desplazado y dado su elevado número en tales condiciones de vulnerabilidad; atención que debe ser: oportuna, eficaz y con tratamiento especial por las instituciones del Estado como expresamente lo estatuye la Constitución política. La creación de dicho MINISTERIO en condiciones de oportunidad, eficacia y transparencia, sería un gran apoyo para quien se encuentre en condiciones de vulnerabilidad como consecuencia del conflicto Colombiano y por causa de la negligencia estatal para preservar la vida, bienes y honra de sus ciudadanos. Así mismo dado el alto número de afectados por el conflicto y sus futuros beneficiarios, es URGENTE su creación y con miras a la reactivación de la economía post-pandemia y con las próximas elecciones a la presidencia de la república y a las diferentes corporaciones publicas de elección popular.