En segundo debate, la Plenaria de la Cámara de Representantes, discutió el Proyecto de Ley 208 de 2021 “Por la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo público y se dictan otras disposiciones”.
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El ponente de la iniciativa, Hernando González del partido Cambio Radical, expresó que debido a las demoras e incumplimientos en algunos vuelos comerciales y el exceso del precio en los tiquetes aéreos en algunas aerolíneas se han constituido en las situaciones y quejas más recurrentes, convirtiéndose en una tortura para los usuarios. Asimismo, actualmente no existen herramientas legales claras para defender a los pasajeros detectándose que algunas aerolíneas abusan de los clientes, lo cual ha generado peticiones constantes para que se solucione las necesidades y abusos contra los pasajeros.
Hechos presentados como la cancelación de vuelos, pérdida de equipaje, publicidad engañosa de algunas aerolíneas o agencias de viajes e información mínima hacia el pasajero y errores en la expedición de tiquetes; son algunas de las irregularidades más frecuentes.
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Por eso el objeto de este proyecto legislativo es buscar regular y proteger los derechos de los usuarios del transporte aéreo de pasajeros a través de la implementación de mecanismos y medidas que permitan el libre derecho que los asisten por un servicio aéreo con estándares altos de calidad y que no se les viole sus derechos.
De acuerdo con un informe de la Superintendencia de Transporte, en el primer semestre de 2022, hubo al menos 8.013 quejas, en donde el transporte aéreo tuvo un 39 por ciento de inconformidad, en el que las solicitudes más frecuentes fueron la corrección de nombre y apellidos, la cancelación y demora de vuelos y entrega de equipaje, el derecho al reembolso y la sobreventa de pasajes, entre otras situaciones.
Se estima que al menos unas 50.677 quejas se han presentado en los últimos años, quedando por fuera un 30 por ciento de personas en calidad de pasajeros frecuentes, quienes no hacen su reclamación; de ahí que la iniciativa legislativa quiere hacer respetar los derechos de los usuarios y al mismo tiempo es un llamado a esas aerolíneas para que presten un servicio digno y de calidad en el que asuman una retribución al usuario como compensación al error cometido, y otra sugerencia es que el Estado a través del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Aeronáutica Civil, diagnostiquen con más severidad las peticiones y supervisen las tarifas con el fin de que se logre un óptimo servicio.
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Según los legisladores, inicialmente el proyecto de ley, será aplicable a vuelos domésticos y se pedirá entre otros aspectos tanto para el usuario como para la aerolínea, el derecho a la compensación para el pasajero en casos como las demoras mayores a una hora, brindándole alimentación y bono redimible por el 20 por ciento del valor del pasaje, el cual podrá ser utilizado dentro de los 9 meses siguientes, y si la demora es mayor a 7 horas, será un bono redimible del 40 por ciento. Entre otros muchos beneficios y condiciones que plantea el contenido de la Iniciativa.
Asimismo, la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz del partido Liberal de San Andrés, dijo que este es un proyecto importante para las regiones apartadas del país, “porque es tener en cuenta a las personas con dificultades como los ancianos, a los niños cuando viajan a competencias, es prestarle especial atención y facilitarle las cosas a esos usuarios cuando toman un vuelo».
La discusión aún continua en el legislativo a través del nombramiento de una Subcomisión, que será encargada de darle trámite y estudio a unos artículos con el fin de lograr los consensos necesarios que requiere la ley.