Las investigaciones y detenciones a servidores públicos presentados en los últimos meses en especial a congresistas de la República corroboran y ratifican una vez más los niveles y calificativos en nada agradables sobre el manto de la corrupción y deshonestidad que definen las actuaciones de algunos de nuestros dirigentes políticos y sobre todo que ellos han sido elegidos por elección popular.
Los casos más recientes que cursan en las altas cortes y en general en los estrados judiciales son los de el senador Armando Benedetti del partido la U, quien la justicia colombiana lo acusa por enriquecimiento ilícito asimismo al representante José Caicedo y al senador santandereano Richard Aguilar, quienes están investigados y acusados dentro de un proceso jurídico por el delito de peculado por apropiación entre otros que demuestran que nuestras esferas políticas siguen permeadas por la corrupción y actos de falta de ética.
Hace más de un año la Corte Suprema de Justicia condenó a varios servidores públicos como el fiscal anticorrupción y al magistrado Malo dentro del llamado cartel de la toga y a otros más funcionarios del Estado.
La reflexión triste de todos estos episodios dantesco y vergonzosos de la política colombiana, esto gracias a las actuaciones deshonestas de estos congresistas demuestran y siguen enviando un mensaje negativo a la opinión pública colombiana en general sobre el comportamiento ético y su real función dentro del Gobierno.
La pregunta es qué hacer frente a estos hechos que se repiten año tras año, por qué los funcionarios públicos tienden a robar al mismo Estado y a los colombianos, quienes depositan la confianza en esa persona para desempeñar y representar a los ciudadanos en un cargo público.
Las leyes están para aplicarlas y la justicia para investigar a quien robe al Estado y cometa actos de deshonestidad…pero en Colombia qué tan eficiente son los jueces y fiscales de la Republica? y luego se cuestiona la seguridad de las cárceles.
Parecería que la respuesta es contundente después de años de casos y más casos de corrupción, de saqueo al erario y hasta dirigentes que salen absueltos después de un tiempo en prisión ahora andan campantes por las calles de Colombia y otros están en el exterior libres como si nada….Sí esa es la situación de muchos políticos que después de hecha la trampa salen libres.
Ante este panorama la solución a mi manera de ver es crear leyes más severas como el aumento de años de condena o hasta la pena de muerte para quien se le compruebe que se ha apropiado de dineros y propiedades del Estado de manera corrupta en el que el político elegido por votos de elección popular entienda que su función es social y de servicio a la comunidad cuando llega a un cargo público y no puede estar dentro de su agenda y objetivo es, cuántos negocios, proyectos, obras va a patrocinar para sacar tajada económica durante su estancia en un cargo público sino debe entender que su trabajo debe enfocarse a construir país y sociedad apartir de sus actuaciones honestas como servidor público.