Fueron aprobados los 56 artículos de la reforma tributaria en el cual la austeridad por 10 años, lucha contra la evasión, acuerdos de pago, impuestos a plataformas digitales y toda la inversión dirigida a los programas de inversión social fueron votados a favor, entre otros temas.
POR LA REDACCION DE LA NORMA.COM
Las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas de Senado y Cámara del Congreso debatieron este miércoles el articulado de la Ley de Inversión Social, la cronología de la discusión en el día de hoy comenzó con la radicación de cinco ponencias, dos ponencias negativas. Una de ellas suscrita por el representante Carlos Alberto Carreño, quien aduce que esa reforma es regresiva, inequitativa e ineficiente agregó que ese proyecto va en beneficio del gran capital y contiene elementos que mantienen la misma concepción neoliberal de los últimos años y no hay una solución estructural al problema fiscal del país. Finalmente esas ponencias fueron negadas por la mayoría de los legisladores.
La propuesta del Partido Comunes es que se cree una sobretasa al sector financiero en donde se pueda recaudar un estimado de 900 mil millones que equivale al 0.09 del PIB, el impuesto a la renta para zonas francas por 800 mil millones, 0.08 %, también el impuesto al gran patrimonio para recaudar 4 mil billones, la eliminación de los beneficios tributarios y finalmente el impuesto a las bebidas azucaradas que se estima se podría recoger 700 mil millones. Con la propuesta del partido se estima que el Gobierno podría recoger unos 15 mil 900 millones. Finalmente consideran que esta reforma no representa un consenso.
Por otra parte la representante por el partido de la Alianza Verde, Catalina Ortiz, sustentó la ponencia y dijo que esa reforma planteada por el Gobierno es minimalista, es decir que se necesitan más inversiones y más estabilidad a los inversionistas, no se está corrigiendo la falta de equidad, porque grava mucho a las empresas y no se está siendo equitativo. Pedimos que las micros y pequeñas empresas no paguen ese 35 por ciento de impuesto. Pues no va a tener impacto significativo en el recaudo fiscal. El impuesto al patrimonio no debe ser permanente por eso consideramos que la solución no está en gravar a las empresas pequeñas sino a las grandes o a quienes tienen mayor capacidad de pago además se debe tomar decisiones ante la austeridad y la evasión, que el Estado no derroche el dinero e inversión, estamos seguros que podemos proponer una mejor reforma que no sea minimalista y que el 4 por ciento de la gente más rica pague el impuesto justo.
Asimismo la senadora Aida Avella manifestó que la Reforma Social que propone el Gobierno sigue beneficiando a la clase rica por eso hace un llamado al Gobierno para que sea una reforma adecuada para el país.
El congresista por el Partido Conservador David Alejandro Barguil afirmó que se debe discutir el impuesto al patrimonio y que este debe ser temporal. La idea no es afectar a la clase media ni a los sectores populares. Estamos de acuerdo con el postulado que quienes deben hacer el esfuerzo son los de mayores ingresos porque el corazón de la reforma es fortalecer la política social y por lo contrario debe ser una lucha social constante. Aseveró que el sector financiero deberá pagar esa tasa de contribución.
Finalizó el legislador que se incluyeron artículos nuevos por ejemplo el impuesto de renta que pasó de 31 a 35 por ciento, y se va a lograr descontar un 50 por ciento en el impuesto de Industria y Comercio. Y para el sector financiero se le subirá en 7 puntos y para el resto de empresas será de 4 puntos. Puntualizó que el sector de la banca deberá contribuir más porque esta sí que se ha beneficiado en los últimos años ya que era uno de los que menor tasa de pago realizaba y ahora deberán contribuir a la actual coyuntura económica que vive Colombia. Se busca mayor recaudo y lucha contra la evasión en Colombia por eso este año estaremos en los 15 billones de pesos en recaudo, demostrando que se ha avanzado en esta aspecto dijo Barguil. Y en la austeridad no se trata de conseguir una masacre laboral sino reducir el gasto en aspectos como papelería, celulares, gasolina pero el propósito no debe ser la reducción de personal ni recursos humanos en las entidades del Estado, finalizó.