La representante de Minsalud María Andrea Godoy presentó los avances y retos a los que se han enfrentado en tiempo de pandemia para garantizar la prestación del servicio en todo el territorio nacional, manifestando un déficit fiscal para dar cumplimiento a la política pública de salud, “ desde el Ministerio de Protección Social se solicitó a Minhacienda un presupuesto por valor de $ 41.78 billones para funcionamiento, aseguramiento e inversión, pero se requiere para la vigencia 2022 un techo presupuestal de $68.42 billones para garantizar el aseguramiento a cerca de 50 millones de afiliados incluyendo 967 mil migrantes, evidenciando un déficit de $2.72 billones”, en su informe la funcionaria destacó que la cobertura en salud está en un 97.7 por ciento y se espera llegar a 98.8 por ciento en 2021, el informe evidencia que el porcentaje de aseguramiento al régimen contributivo es del 51 por ciento y el subsidiado de 49 por ciento.
El déficit al sector salud colocaría en riego programas como atención en salud migrantes no asegurados y vacunación post Covid PAI, Programa Ampliado de Inmunización, situación que despertó preocupación por la falta de interés del Gobierno Nacional ante el recorte presupuestal a varias entidades de orden social, frente al caso se pronunció la senadora Victoria Sandino del partido Comunes, “en medio de la pandemia se debe tener una política distinta, o una restructuración que permita cumplir con la función que tanto hemos solicitado, estamos en la disposición de exigir al Ministerio de Hacienda se mantenga el recurso necesario, de lo contrario se nota el poco interés de los ministerios, es preocupante que los ministerios no hagan presencia para ajustar el presupuesto”.
Finalmente los Senadores respaldaron las iniciativas y retos de los funcionarios en el sector salud, vivienda y agua potable para el periodo 2022 y manifestaron su compromiso y respaldo para que a estas entidades con funciones sociales se les mantenga el presupuesto para cumplir con las poblaciones más vulnerables de todo el territorio nacional, como garantes de la equidad y del cumplimiento de los acuerdos de paz.